Juicio a Camilo Romero continúa en la Corte
Procuraduría multa por omisión al exgobernador de Nariño
El juicio contra Camilo Romero Galeano ante la Corte Suprema de Justicia continúa. La reciente decisión de la Procuraduría prueba que hubo omisión en el escándalo de los licores, un enredado proceso de distribución de aguardiente Nariño en donde además de Romero aparecen encartados Mario Fernando Benavides y Adriana Amaya Buitrago.
Según el ministerio público Camilo Romero ha sido sancionado por omisión y multado con 31 millones de pesos por no cumplir con el deber de dirigir la actividad administrativa dada la importancia y las repercusiones en las finanzas del departamento.
Han sido multados también: Mario Benavides como gobernador encargado, firmante del cuestionado contrato con 28 millones de pesos, quien habría manipulado los precios de venta del licor; y en su condición de secretaria de rentas de la secretaría de hacienda Adriana Milena Amaya, con más de 9 millones de pesos.
Para Romero Galeano esto deja por el piso “su alharaca” en los medios de que es una víctima de persecución judicial; que hay en su contra una suerte de sicariato judicial y que, es tan de malas que, por oponerse abiertamente al uso de glifosato le quitaron la visa USA.
Se cae la rimbombante expresión de Romero en el sentido de que no sé quién, no sé por qué razón, causa o circunstancia, su gobierno de Nariño ha quedado como “el quinto mejor del mundo”. Se cae también el dicho de que “todo se hizo de acuerdo a las normas administrativas y a la ley tal como sus antecesores entregaron esos contratos de distribución”.
A boca llena Romero ha dicho que “el primo” – como trata en los medios de comunicación y en los estrados judiciales a Andrés Felipe Arango – había urdido un plan de revancha por no haber sido apoyado en una virtual candidatura al senado de la república. José Aulo Polo salido de las entrañas de los Romero (papá e hijo) resultó siendo bendecido por la maquinaria oficial que lo llevó al senado de la república, dejando con los crespos hechos a “pipe” Arango.
El proceso sigue y no es cierto que se haya archivado nada. Inclusive, siguen vigentes, nunca mejor dicho, los principios de oportunidad a los que se han acogido Andrés Felipe Arango “el Primo” y la mencionada Adriana Milena. Los dos son testigos de cargo de la fiscalía en el juicio que se adelanta en la Corte Suprema.
Sobre el particular “la sala consideró que el tópico relacionado con la actitud de Arango Romero frente al procesado sería dilucidado por los testigos familiares cercanos que le pondrán sobre el mismo tema como Pablo Romero Vega hermano de Camilo Romero y Esmeralda Hernández Silva actual senadora de la República esposa de Pablo y el mismísimo testimonio del propio Camilo Romero”.
Como se sabe, el Magistrado de la Corte Suprema Ariel Augusto Torres ha negado la solicitud del defensor de Camilo Romero el mediático abogado Miguel Ángel del Río en el sentido de que se anule “todo lo actuado hasta ahora”.
Entonces, la Procuraduría en el caso del exgobernador Romero “observa que no se trató de una equivocación normal de un servidor público a quien se le confió una labor muy importante o que podría excusar a cualquier persona bajo el supuesto de que nadie es infalible, sino que nos encontramos frente a una falta de diligencia y cuidado que una persona diligente en las mismas condiciones no hubiera cometido, es decir, un servidor que con su misma condición, como gobernador habría mínimamente actuado como parte de su diligencia y prudencia”.
El ministerio público verificó que Mario Fernando Benavides aprobó la solicitud de venta a crédito de 80.000 cajas en los términos del acta 003 del 25 de agosto del 2016 por 18.000 millones de pesos a la organización de licores en Nariño SA S “sin propender que dicho procedimiento cumpliera con el respeto al interés general y que afectó a las empresas o personas que tenían derecho a participar y ser considerados en la negociación” con lo cual afectó el principio de eficacia de la función administrativa.
Sobre Adriana Milena Amaya se concluyó que infringió las normas aplicables a la negociación de licores puesto que propició condiciones favorables también a la organización de licores de Nariño SAS aunque existían propuestas previas para la compra del licor que, incluso, ofrecían mayores beneficios para la administración por lo que se impactó al principio de moralidad administrativa al no fijar reglas justas claras y completas.
Gober Ad-hoc
Al margen, hace poco se supo de la sanción de la Procuraduría contra Edgar Roberto Mora nombrado como gobernador ad-hoc en el contrato de conectividad a internet entre la gobernación de Nariño y la telefónica de Ipiales bajo el sugestivo nombre de UNIMOS. Ni una mención al gobernador titular interesado en financiar una empresa quebrada donde su papá fungía como presidente de la junta directiva por el alcalde de ese puerto fronterizo con Ecuador.
Exgobernador ad-hoc de Nariño ha sido inhabilitado durante 9 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación por haber firmado contrato de conectividad a internet bajo la administración de Camilo Romero Galeano. El gerente de la telefónica de Ipiales Unimos Andrés Oliva Ortega también inhabilitado durante 10 meses. Ni una mención a los titulares Camilo Romero de la gobernación y Ricardo Romero Sánchez su papá como alcalde de Ipiales.
