JUSTICIA AMENAZADA
Los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia2, entre otros aspectos consagran que la Administración de Justicia, es una función pública. Que sus decisiones son independientes y que sus actuaciones, son públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, prevaleciendo el derecho sustancial. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley; toda vez que, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad judicial.
Con esta introducción, abordo en un primer escenario, el tema de la justicia amenazada, habida cuenta que, a finales del mes de abril de 2025, un panfleto firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia AGC, conocidas también como Clan del Golfo, generó alama en la Rama Judicial del departamento del Cesar, porque amenazaba directamente a varios jueces y fiscales de Valledupar, exigiendo liberación de miembros del grupo delictivo detenidos.
De no cumplirse la exigencia, se les advertía que los funcionarios judiciales serían declarados objetivo militar, en el marco del denominado “plan pistola”.
Por otra parte, el pasado viernes, 9 de mayo de la presente anualidad, se tuvo conocimiento que un grupo de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, habían sido secuestrados por supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional –ELN- en el departamento de Arauca.
Ahora bien, las amenazas que se concretaron para la Rama Judicial, no son de fácil olvido para la sociedad colombiana. La historia da cuenta que para los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 de abril), se tomó por la fuerza el Palacio de Justicia en Bogotá, con el objetivo declarado de realizar un “juicio político” al entonces presidente de la República, Belisario Betancourt, por el incumplimiento de los acuerdos de paz.
Murieron más de 90 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados judiciales y civiles que también murieron o desaparecieron.
La institucionalidad judicial sufrió un golpe devastador, especialmente porque se perdieron expedientes de casos claves, como los procesos contra narcotraficantes del Cartel de Medellín.
Este evento, marcó un antes y un después en la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo y naturalmente de los sectores armados al margen de la ley.
En una corta línea de tiempo de eventos contra la justicia, se tiene por recordar lo sucedido el 18 de enero de 1989, con la masacre de la Rochela, cuando un grupo paramilitar, asesinó a 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban delitos en el Magdalena medio.
En el 2023, jueces y fiscales en Tulúa, fueron objeto de amenazas a través de panfletos y redes sociales, identificados como objetivos de grupos delincuenciales y ataques con explosivos a las instalaciones de algunos despachos judiciales.
Igualmente, en mayo del 2023, un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recibió amenazas mientras investigaba casos de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba (Antioquia).
En agosto de 2024, se descubrió un supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia en Bogotá. En allanamientos que se hicieron, las autoridades encontraron explosivos y maquetas del edificio, lo que generó una alerta de seguridad que llevó al gobierno nacional a reforzar la vigilancia en la Plaza de Bolívar.
También en el año anterior, servidores judiciales de algunos juzgados de Villa del Rosario y de Cúcuta, recibieron amenazas por parte de disidencias armadas, a través de panfletos y correos electrónicos, en los cuales, se les exigía archivar investigaciones, pagar extorsiones y abandonar la ciudad en 24 horas, bajoamenaza de un “plan pistola”.
También para la elección de la Fiscal General de la Nación (2024), magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denunciaron amenazas e intimidaciones por parte de algunos manifestantes que bloquearon el acceso al Palacio de Justicia, exigiendo la elección inmediata, así como también, uno de los magistrados, denunció hostigamientos, amenazas y el robo de su computador personal, en medio de tensiones por la elección que se venía en la Fiscalía.
El panorama anterior visto en su integridad, permite examinar las razones del porque se amenaza y ataca a la justicia cuando ella es la encargada por la Constitución Política y la Ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social, sumado a que, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes; así como también, a respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional.
Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus fines.
Las decisiones de cualquier autoridad judicial deben respetarse y acatarse, razón por la cual, la Rama Ejecutiva y naturalmente la propia Rama Judicial que se integra por magistrados, jueces y empleados judiciales de las diferentes jurisdicciones, fiscales, jueces de paz, al igual que de los otros órganos del Estado que tienen una relación directa con la justicia como los procuradores judiciales, personeros municipales, defensores públicos, deben propender como un derecho que tienen los funcionarios y empleados, a garantizarles la protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares.
Para ello, bienvenidas las acciones que se puedan emprender para buscar fortalecer la protección de todos los funcionarios y empleados judiciales del país, para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.
Protocolos de vigilancia y protección, reforzamiento de la seguridad, apertura de investigaciones para esclarecer las amenazas de muerte, diseños de políticas públicas de prevención de daños antijurídicos, rechazos y pronunciamientos institucionales que tiendan a brindar confianza, seguridad, tranquilidad para garantizar la independencia del sistema judicial frente a las amenazas de grupos ilegales o de cualquier otro sector que tienda por propiciar intimidaciones a la delicada tarea de administrar justicia.
Finalmente opino que, el tema, no solo debe quedar en el accionar institucional sino también, en el respaldo claro, concreto, expreso y efectivo que nosotros como integrantes de la sociedad civil, debemos de brindarles a nuestros jueces y fiscales como garantes de la democracia y del Estado Social de Derecho. No hacerlo, es dejarlos a la desprotección de quienes garantizan nuestros derechos contemplados en la Constitución y la ley.
1 MONTENEGRO CALVACHY, Alvaro. Abogado y Economista de la Universidad de Nariño. Consultor Social. Defensor de Derechos Humanos. Columna: Entre Líneas. 11 de mayo de 2025. Pasto, Nariño, Colombia.
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Editorial Leyer. Bogotá D.C. 2023.